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El campo de la Ejecución Penal es controvertido y está afectado por altísimos niveles de violencia, por la ausencia de Políticas de control del delito, rutinas institucionales que constituyen descomunales dispositivos de neutralización y flagrantes violaciones de Derechos Humanos que reconstruyen social y políticamente la exclusión y el deterioro de la calidad de vida tanto de los sujetos a control como de los propios trabajadores. Es en este campo donde el "Trabajador Social", conforme la Ley 24660/96 tiene asignado un rol destacado y en el que cabe batallar en escenarios donde el encierro carcelario se ha convertido en la panacea de toda suerte de resolución de conflictos y donde la tensión entre Derecho y Realidad es más que evidente cárceles superpobladas donde el castigo tiene un fin en sí mismo bajo el supuesto justificatorio de que si se "saca de circulación" al "excluido-peligroso-delincuente", al menos por un tiempo, no va a cometer delitos, no hacen más que reproducirlos. A la par, una Constitución Nacional y una ley en materia de Ejecución Penal de conformidad a la doctrina de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos (hoy con rango constitucional) conviven con un país que ocupa los primeros lugares en cuanto a agravamiento de penas en la región y que presenta serios problemas de violaciones de Derechos Humanos. El libro reflexiona sobre la historiografía de la cárcel como principal instrumento punitivo, la crisis del "modelo resocializador" y nuevas tendencias en materia de control social, así como los aportes de la doctrina consagrada en la Constitución Nacional Argentina en materia de Derechos Humanos y ese entramado de saberes que aporta la Criminología para resignificar la intervención del Trabajo Social en materia de Ejecución Penal.
